En los Últimos 25 años se han producido grandes cambios en la sociedad española, como la promulgación de la Constitución y de un conjunto de nuevas leyes. En la actualidad, la actividad legislativa es incesante y los juristas deben adaptarse a la constante modificación de normas. Los asesores de empresa, como los abogados, hemos de reciclarnos permanentemente para asimilar los cambios legislativos y aplicarlos correctamente. Sin embargo, no se trata sólo de eso, ya que en estos momentos se está recibiendo el impacto de las nuevas tecnologías, que están modificando nuestra forma de vida. La sociedad está cambiando muy deprisa a raíz de estos cambios tecnológicos. La evolución nos conduce hacia una globalización en muchas parcelas que comporta toda una serie de innovaciones permanentes y aceleradas. El ámbito jurídico se está modernizando y los profesionales de este sector debemos asimilar la nueva situación si queremos dar un buen servicio a los clientes. Esta revolución tecnológica tiene efectos a escala global que muchas veces exigen la intervención jurídica. El problema es que de cara a las consecuencias derivadas de la aplicación de las nuevas tecnologías, hay una importante falta de regulación legal; de hecho, es casi inexistente. La sociedad regula siempre a posteriori, ya que, históricamente, no se ha podido hacer de otra forma. A veces no hay soluciones porque no se han fijado. La normativa legal es producto de la creación humana y da respuesta a una determinada problemática social y económica. Toda actividad legislativa es la respuesta a una situación social que se ha vivido previamente. Ahora nos hallamos frente a una realidad que exige dar soluciones legales rápidas a las nuevas circunstancias generadas por el mundo tecnológico.
Estos Últimos elementos conducen a hablar de la globalización económica. Es un efecto derivado del impacto de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. El comercio exige que cada vez haya menos trabas, el mundo está más interconectado; en definitiva, es más pequeño, lo que genera movimientos globalizadotes de la economáa. No es fácil determinar si estos cambios serán positivos o negativos. Hay que ver qué uso se les da a los nuevos medios tecnológicos, si se producen abusos habrá que instrumentar medidas políticas y legales que aseguren una redistribución adecuada de la riqueza a escala mundial. En este sentido, el proceso globalizador llega al campo jurídico y la Comunidad Europea busca unificar las leyes para todos sus Estados miembros. Es importante que se priorice esta línea porque las relaciones económicas, sociales, etc. sobrepasan las fronteras estatales. El derecho internacional y el comunitario son una necesidad. Sin embargo, lo veo como un proceso a largo plazo, porque toda la legislación es una expresión de la soberanía estatal y los estados quieren conservar su soberanía. En el fondo, los integrantes de la UE están convencidos de que en el futuro habrá una unificación real y total, pero, de momento, no hay una voluntad firme de que esto sea inminente. Hay que trabajar para que, en el futuro, se convierta en realidad.
El derecho es un elemento imprescindible para la sociedad. No es estático. La sociedad evoluciona y, con ella, las normas. En los Últimos años, se ha apostado por una nueva práctica dentro del ámbito jurídico: el arbitraje, que permite que las dos partes enfrentadas determinen quién ha de resolver el caso. Valoran a la persona más adecuada o capacitada para hacerse cargo del juicio según sus características, especialidad o trayectoria. Este hecho no pasa a los tribunales. Sin embargo, a pesar de que el árbitro tiene autoritas no tiene potestas; es decir, tiene facultad para decidir pero no tiene poder para hacer ejecutar su decisión. He participado en arbitrajes y he comprobado su funcionamiento. Son altamente satisfactorios. El árbitro actúa con gran dedicación y profesionalidad, y resuelve el caso con celeridad.
Manuel Pérez pone de manifiesto el papel de los medios de comunicación en el campo judicial: En ocasiones actúan de jueces y determinan culpables a partir de suposiciones infundadas. Sus responsables no deberían permitir la difusión de este tipo de informaciones. Con frecuencia realizan un juicio paralelo anticipado y sin garantías. Debe de haber rigor a la hora de dar datos. Informar es un derecho, pero hay que ejercerlo con exactitud.
Con convencimiento, rigor y precisión se expresa este abogado. Arrastra una experiencia dilatada que acompaña sus puntos de vista y refleja la profesionalidad desarrollada diariamente desde su bufete barcelonés.